Washington endurece su posición frente a Venezuela

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Mientras América Latina pone a prueba sus nuevas instituciones regionales –que excluyen a Estados Unidos- en un intento por atajar la crisis política venezolana, Washington empieza a ofrecer señales de que se prepara para pasar de la retórica a la acción en su enfrentamiento con el gobierno de Caracas.

Este jueves abandonó Venezuela la delegación de cancilleres designada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para atender el conflicto sobre el terreno. La misión de 48 horas tuvo por cometido levantar un diagnóstico y formular recomendaciones que colaboren a construir un espacio de diálogo en el país.

El gobierno de Nicolás Maduro, receloso de una posible intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que considera un foro controlado por las potencias anglosajonas del hemisferio, ha favorecido en cambio los buenos oficios de Unasur y de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), organismos de reciente cuño prohijados en su momento por la petrodiplomacia del fallecido Hugo Chávez.

La misión de Unasur estuvo constituida por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Surinam, este último como representante del país que detenta la presidencia pro tempore de la alianza. En Caracas cumplieron una intensa agenda, en la que procuraron ganarse la confianza de diversos sectores del gobierno y la oposición.

Con los representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se reunieron el martes por cuatro horas. Se supo que la dirigencia opositora exploró con los cancilleres la posibilidad de que ciertos países de Unasur –y no el organismo- cumplan un papel de mediación en Venezuela.

Al final de su visita, los enviados de Unasur dieron a conocer al gobierno venezolano un conjunto de recomendaciones. Este jueves, a nombre del Ejecutivo, Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, anunció que Caracas adoptaba sin rodeos una de las recomendaciones presentadas, en este caso, por la canciller colombiana, María Ángela Holguín, para la constitución de un Centro de Derechos Humanos adscrito a la Presidencia.

En Washington, entre tanto, las autoridades del Departamento de Estado apenas ofrecieron un compás de espera para determinar si las diligencias de los países sudamericanos consiguen crear un clima de entendimiento en Venezuela. “No sé cuáles serían las recomendaciones de esta misión”, comentó la subsecretaria para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, “pero esperamos todos que quizás esa sea la oportunidad para ambos lados, para todos los actores en Venezuela, de tener un rol en una mesa de diálogo”,

Jacobson subrayó que el gobierno de Estados Unidos podría aplicar sanciones al régimen chavista, “no podemos decir que no vamos a implementarlas porque quizá llega un momento en que las sanciones, de alguna manera u otra, son una herramienta muy importante”, y describió en qué condiciones se activarían: “Si no hay movimiento, si no hay la posibilidad de diálogo, si no hay espacio democrático para la oposición, claro que tenemos que pensar en eso y estamos pensando en eso“.

Las palabras de la principal diplomática estadounidense para las Américas resonaron con especial fuerza durante la misma mañana en la que, a poca distancia, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, hacía una exposición en la cámara alta sobre la situación en Venezuela. Rubio, uno de los astros emergentes del partido Republicano y potencial primer hispano en integrar una dupla presidencial para las venideras elecciones de 2016, auspicia junto a su colega demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, la promulgación de una Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que comprendería sanciones particulares contra personeros del gobierno venezolano.

Durante la sesión, Rubio mencionó específicamente al presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo gobernante, Diosdado Cabello, a quien calificó de “criminal”. Rubio aseguró que el propósito de la ley que impulsa es mostrar a individuos como Cabello que “hay consecuencias por lo que están haciendo en Venezuela”. El senador, de ascendencia cubana, anunció además que se apresta a publicar un listado de propiedades de funcionarios venezolanos y allegados en Estados Unidos.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/1395982373_419721.html

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