Argentina y Venezuela, víctimas de sus propias políticas cambiarias

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Las severas restricciones a la compra de dólares que aplicaron ambos países tuvieron efectos contrarios a los buscados. Hoy se ven obligados a devaluar y a tomar medidas de emergencia

Hugo Chávez puso en vigencia el control de cambios para frenar una aceleración de la fuga de capitales en febrero de 2003, luego de que 2002 cerrara con una caída de reservas del 20 por ciento.

Desde entonces se hizo casi imposible conseguir dólares. Su adjudicación, enteramente sujeta al arbitrio gubernamental, empezó a ser regulada por distintos sistemas que se fueron creando con los años.

Primero fue la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que permite acceder a cierta cantidad de dólares -siempre menor a la demandada- a través de un complejo trámite. Luego se sumó el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), a través del cual el Gobierno realiza subastas de dólares.

La cotización oficial del dólar quedó durante mucho tiempo prácticamente congelada. Con una inflación sostenida por encima del 30%, que en 2013 llegó incluso a superar el 50%, lo que se logró fue apreciar artificialmente el bolívar, y así alentar las importaciones.

Cuando se implementó el control de cambios, el país importaba menos de 15.000 millones de dólares al año, pero en 2012 las compras venezolanas cerraron en un récord de 56.000 millones de dólares, según el Banco Central de Venezuela. Así, no debería llamar la atención que la política desarrollada para evitar la salida de dólares terminara, diez años después de su inicio, con una fuga total de 145.000 millones de dólares.

Esta situación creó un mercado paralelo de divisas al que deben acudir las personas que quieren viajar al exterior o hacer alguna compra de productos que no se venden en el país. El nivel de desajuste es tan grande, que la brecha entre el valor oficial y el paralelo llegó a ser del 1.000 por ciento.

El desatino de la administración de Nicolás Maduro llegó al punto de prohibir la difusión de la cotización del mercado negro, como si eso pudiera poner un punto final a su demanda.

Con el objeto de detener la crisis cambiaria, el Gobierno anunció esta semana una reforma del sistema. Rafael Ramírez, vicepresidente del área económica, notificó sin nombrar lo que en los hechos es un desdoblamiento del tipo de cambio.

“Vamos a un nuevo sistema cambiario, estamos construyendo un sistema de bandas”, afirmó. El sistema de bandas es un híbrido entre un cambio fijo y uno flexible. Al momento de su aplicación, el Banco Central de Venezuela determinará el precio para el tipo de cambio nominal y fijará topes superiores e inferiores, dentro de los cuales se ubicará el valor del mercado secundario. Hoy, ronda los 11,30; casi el doble del oficial.

Ramírez explicó que los gastos con tarjetas de crédito, los viajeros, las líneas aéreas, las remesas familiares y las compras por internet pasarán a la tasa secundaria de 11,30. Mientras que las pensiones, jubilaciones, estudiantes y casos especiales se mantendrán en 6,30. Con este desdoblamiento, el Gobierno pretende bajar de 8.600 millones de dólares que iban destinados a estos sectores a 5 millones de dólares aproximadamente.

“Esto no es una devaluación, es un sistema cambiario distinto”, se obstinó en sostener Maduro al defender la medida. Pero los economistas sostienen que en realidad se trata de eso.

Algo parecido hizo el jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Jorge Capitanich, al referirse a la abrupta devaluación del peso que se viene llevando a cabo en el último año, y que se aceleró en estos días. “No es una devaluación inducida por el Estado”, sostuvo el funcionario el mismo día en el que el peso registró su mayor depreciación en 12 años.

El caso argentino es muy similar al venezolano. La inflación aparece también como un factor determinante en el proceso. Con una tasa que año a año se ubicó por encima del 20% y que en 2013 rozó el 30%, pero un tipo de cambio casi congelado, la fuga de capitales comenzó a ser cada vez más pronunciada.

Para poner un freno a este problema, el gobierno de Cristina Kirchner siguió el ejemplo chavista, redoblar los controles sobre la economía. A partir de 2011 estableció un sistema que hizo casi imposible comprar dólares para los ciudadanos, llamado popularmente “cepo cambiario”. Entre otras cosas, prohibió la compra de dólares para atesoramiento y estableció un recargo del 35% para las compras con tarjeta de crédito en el exterior.

La consecuencia fue exactamente la misma que en Venezuela: la profundización de la salida de dólares. Desde su implementación, las reservas internacionales cayeron más de 20.000 millones de dólares, hasta su nivel más bajo en siete años.

Además se disparó el precio del mercado de divisas paralelo, cuya brecha con el oficial llegó en su momento al 100 por ciento. Esto obligó al Gobierno a acelerar el ritmo de devaluación.

Esto hizo crisis el jueves, cuando la cotización del dólar subió 65 centavos -un 9,1%- en sólo 24 horas.

La incertidumbre generada por los movimientos en la plaza cambiaria provocaron que este viernes Capitanich anunciara una flexibilización de las restricciones a la compra de divisas. Entre otras cosas, anunció que volvería a habilitar la adquisición para ahorro y que el recargo a las transacciones con tarjeta de crédito bajaría de 35 a 20 por ciento.

Este anuncio, al igual que el de Ramírez para Venezuela, no es por ahora más que una declaración. En su puesta en práctica se verá si efectivamente constituye un viraje en la política cambiaria que se venía aplicando.

Entonces podrá evaluarse si es una medida exitosa, capaz de frenar la sangría de dólares. O si, como las políticas implementadas hasta ahora, terminará teniendo el efecto contrario.

 
Por Darío Mizrahi – dmizrahi@infobae.com.

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