Las dos torres petroleras que nunca llegaron

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El mando de la Fuerza Naval contrató dos torres de perforación que nunca fueron entregadas, alegando los daños provocados por un huracán en Estados Unidos. Adjudicaron una de esas torres petroleras a una empresa hospitalaria. El perjuicio pudiera ser de por lo menos USD 30 millones según la Contraloría.
Fernando Villavicencio y Belén Palma

Bajo el lema revolucionario “hacerlo rápido y hacerlo bien”, el sector petrolero desde noviembre del año 2007, fue sometido a un ininterrumpido proceso de contratación directa, al amparo de decenas de declaratorias de emergencia. Años después, los resultados empiezan a pasar factura al país. Uno de los casos investigados por Plan V, es la contratación por parte de Petroecuador (2008), de dos taladros de perforación con las compañías Oilservices y Procuserve. Cinco años se debió esperar para que un informe de la Contraloría de junio de 2013, confirme que las dos torres nunca llegaron al país, y que, los empresarios recibieron  USD 18 millones en calidad de adelanto, de parte del mando naval de Petroecuador. Sin embargo, el perjuicio total al país incluyendo el lucro cesante superaría los 30 millones de dólares.

Uno de los casos investigados  es la contratación por parte de Petroecuador (2008), de dos taladros de perforación con  Oilservices y Procuserve.

El examen especial realizado por la Contraloría a los contratos (2008055 y 2008056) con las empresas Oilservices y Procuserve, fue por un periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de julio de 2010. El monto examinado asciende a USD 60 187 827.64 correspondiente a la suma total de los contratos adjudicados a Procuserve Ecuador S.A. por USD 30 097 093.63 y la empresa Oilservices Servicios Petroleros S.A. por USD 30 090 734.01, de esa cifra los contratistas recibieron USD 18 millones de adelanto, USD 9 millones por cada una, recursos entregados violando la resolución 94-PEC-2007, del 27 de febrero del 2007, con la cual se prohibió la entrega de adelantos, salvo informes debidamente motivados, lo cual en este caso no existió. Además, los términos de referencia tampoco establecían la entrega de anticipos. El equipo auditor de Contraloría también detectó que la orden de entrega del adelanto la emitió el vicepresidente Camilo Delgado, en nota manuscrita inserta en la copia de un email del 21 de abril del 2008, la cual dice: “Ing… rever esta respuesta, toda vez que tratándose de negociación directa y a fin de obtener una propuesta económica más favorable de los oferentes, se considera un 30% de anticipo…”

Conforme señala el examen especial de la Contraloría, en febrero de 2012, Petroecuador informó que existía la posibilidad de un entendimiento en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado con la compañía Oilservices, orientado a la recuperación del 30% del anticipo entregado (USD 9 millones). Plan V intentó sin éxito hablar con los representantes de las compañías para conocer los resultados del posible acuerdo.

La Contraloría General del Estado emitió un informe de responsabilidades.

Las compañías se comprometieron a entregar las dos torres en 60 días, con los precios anteriormente mencionados, a partir de la suscripción de los dos contratos, el 23 de septiembre de 2008. La administración naval de Petroecuador, adjudicó los contratos a Oilservices y Procuserve, pese a estar informados de que las torres de perforación ofertadas no eran de su propiedad, sino de la empresa J&J Drilling International. A esa fecha, Petroecuador estuvo presidida por el contralmirante Luis Jaramillo Arias, y el ministerio de Minas y Petróleos estaba a cargo del actual fiscal general, Galo Chiriboga.

La urgencia de detener la caída de la producción de crudo, sostenerla o mejorarla para aliviar la caja fiscal, fue el argumento para la suscripción del decreto 766, declarando el estado de emergencia en Petroecuador. Con el referido instrumento jurídico, el presidente Rafael Correa y su ministro de petróleo, Galo Chiriboga, daban un giro de timón en el principal sector económico del país, poniendo en manos de la Fuerza Naval, el manejo de una empresa técnicamente compleja y atravesada por poderosos intereses externos.

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