China amenaza de forma velada a España por la orden de detención de Jiang Zemin

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La orden internacional de detención contra cinco exlíderes chinos dictada el lunes por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha originado un día después una velada amenaza por parte de Pekín. La portavoz de Exteriores Hua Chunying afirmó que se trata de una “decisión errónea” y que espera que España pueda gestionar el asunto “de forma apropiada”. “China está muy molesta y se opone firmemente a las acciones erróneas adoptadas por las instancias españolas, haciendo caso omiso de la posición de China”, ha declarado Hua en rueda de prensa, informa France Press. “Creo que este incidente está relacionado con el buen desarrollo de las relaciones bilaterales, así que esperamos que el Gobierno español pueda gestionar adecuadamente la cuestión y distinguir lo correcto de lo erróneo”.

La crítica de las autoridades chinas llegaba el mismo día que el Congreso de los Diputados debatía la proposición de Ley Orgánica del PP para poner límite a la jurisdicción universal de los jueces españoles, que ha permitido la investigación a la cúpula del gigante asiático por los crímenes de lesa humanidad en el Tíbet. La votación terminó con 179 votos a favor, todos los del PP, y 163 en contra, los del resto de los grupos. No hubo abstenciones.

La orden de detención incluye a Jiang Zemin, quien fue presidente de China entre 1993 y 2003; Li Peng, primer ministro de 1988 a 1998, y otros tres exdirigentes. Están acusados de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población de la región autónoma de Tíbet en las décadas de 1980 y 1990, como consecuencia de una querella interpuesta en 2008 por el Comité de Apoyo al Tíbet y un monje tibetano de nacionalidad española.

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La orden del magistrado ha incrementado la tensión entre los Gobiernos de España y China, en un contencioso que el PP quiere desactivar cuanto antes.

Pekín no se ha andado con miramientos. Ha presionado a Madrid para que ponga freno al proceso judicial, aunque Hua enfatizó este martes que China no interfiere en los asuntos internos de otros países y que no tiene nada que decir sobre cómo gestionan la cuestión las autoridades españolas.

Sin embargo, y aunque es muy poco probable que Jiang Zemin ni ninguno de los otros acusados lleguen a sentarse en el banquillo, Hua Chunying insistió en lo que el Gobierno chino califica habitualmente de ataques de grupos separatistas sobre Tíbet en el extranjero, y pidió a España que “vea a través de los intentos del grupo del (líder budista) Dalai Lama de dividir” China.

La prensa y los medios de comunicación del país asiático han pasado de puntillas sobre el asunto. Pekín no recoge y censura habitualmente las informaciones que tienen que ver con aspectos negativos de sus líderes. Páginas de internet relacionadas con Tíbet y las organizaciones de derechos humanos, así como las de algunos medios de comunicación extranjeros, incluidos The New York Times, la agencia Bloomberg o EL PAÍS, están bloqueadas, las últimas tres por haber informado sobre el enriquecimiento y la creación de empresas en paraísos fiscales por parte de miembros de las familias de dirigentes chinos.

Pekín ha descrito en el pasado las investigaciones sobre sus exmandatarios como interferencias en sus asuntos internos y ha calificado las acusaciones de “pura invención”.

Las autoridades chinas han expresado su malestar por la causa judicial al embajador de España en China, Manuel Valencia, y han esgrimido posibles represalias económicas en un momento en que España quiere atraer más inversiones chinas y reducir el abultado déficit comercial con el país asiático. Las exportaciones a China ascendieron a 3.765,8 millones de euros en 2012, un 11,09% más que el año anterior, mientras que las importaciones fueron de 17.631,3 millones, un 5,42% menos. El intento de procesar a los exlíderes chinos también ha causado inquietud entre los empresarios españoles en China.

Las críticas desde distintos ámbitos a la decisión del Gobierno de limitar la justicia universal siguen llegando. Ayer la Unión Progresista de Fiscales (UPF) rechazó frontalmente un proyecto que, según ella, hará que “muchos crímenes puedan quedar impunes y muchos delincuentes a salvo de la acción de la justicia”.

 

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/11/actualidad/1392131808_608370.html

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