Semblanza de un periodista demoledor Por GONZALO GUILLÉN

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En la hoja de vida de Orlando Pérez,  director del diario guayaquileño El Telégrafo, expropiado por el gobierno de Rafael Correa, se mezclan diplomas, entrenamiento de inteligencia en Cuba, antecedentes judiciales y una curiosa y volátil concepción de la lealtad.

Por GONZALO GUILLÉN
Especial para Un Pasquín

MIAMI, Florida. — El director del expropiado periódico El Telégrafo, principal órgano actual de difusión de la propaganda del gobierno de Ecuador, Orlando Pérez Sánchez, es un exconvicto que purgó tres años de cárcel por el secuestro de un abogado y continúa señalado por los asesinatos de su propia novia y el amante de ella, a quienes, en venganza, descuartizó con la explosión de una carga de dinamita, de acuerdo con documentación judicial, policial y militar de ese país.

El primer secuestrado víctima del actual operario de la propaganda estatal de Ecuador fue, en mayo 1986, el abogado de la ciudad de Quito Enrique Echeverría Gavilanes, liberado durante una operación de rescate policial a la que se enfrentaron los delincuentes que lo tenían en su poder. La infortunada novia que le fue infiel a Orlando Pérez y el amante de ella fueron Martha Baylon Silva y Luis Vilatuña Lala, respectivamente. Ambos asesinados a las tres de la tarde del 9 de enero de 1985, en la casa número 448, pasaje B del barrio quiteño de clase media Cochapamba.

El informe policial correspondiente al doble homicidio indica que los cuerpos de las víctimas quedaron descuartizados, pues fueron objeto de la explosión de “tacos de dinamita” que Pérez activó en la habitación donde retozaban su novia y el amante de ella.

“En la escena se encontraron los cuerpos completamente destrozados”, reportó la policía en un crudo informe. La venganza de Orlando Pérez con su novia y el amante de ella, que era amigo suyo, no tuvo ni la menor compasión.

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La responsabilidad del actual director del plan de propaganda gubernamental a través de  El Telégrafo, fue reiterada por la Policía Nacional de Ecuador en 2009, a lo largo de 5 páginas del libro de escasa circulación “Terrorismo y Subversión, la verdad que no se ha dicho”, escrito por la Comisión de Defensa Jurídico-Institucional de la Policía Nacional de Ecuador.

La casa del crimen había sido alquilada por el propio Orlando Pérez, quien en mayo próximo cumplirá 51 años, y en ella, además, guardaba con fines criminales un arsenal compuesto por carabinas, pistolas, revólveres, municiones, dinamita, cordón detonante de origen peruano, mecha lenta, bombas lacrimógenas, prendas militares, uniformes de la policía de tráfico de Quito y material de intendencia. Todos estos elementos fueron encontrados e incautados por la Policía.

La presencia de Orlando Pérez en el lugar del crimen y la huida que emprendió tan pronto explotó la dinamita fue documentada por la Policía de Ecuador con evidencias físicas, así como testimonios de vecinos y testigos presenciales.

[Lea aquí la nota: Orlando Pérez, periodista especializado en manejo de explosivos]

El informe principal de los investigadores indica que en el lugar de los hechos entrevistaron a la vecina Carlota de Sánchez y ella “indicó que al escuchar una fuerte explosión, salió de su casa y observó que en el lugar del siniestro había humo”. La mujer trató de indagar, “se acercó y observó que un hombre y una mujer se embarcan en una camioneta Datsun de color azul, a quien (sic) preguntó qué había pasado, la mujer le respondió que se trataba de un incendio y que iban a traer a los bomberos, desapareciendo del lugar”.

La testigo declaró que “ya había visto a esas dos personas en esa casa cuyos nombres no conocía”. Pero aseguró que la Inteligencia Militar y la Policía Nacional podían indagar más a fondo interrogando al señor Gonzalo Pantoja, encargado de administrar la casa de la explosión por delegación del dueño, Adolfo Morales Haro.

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Pantoja expuso que él mismo, el 1 de julio de 1984, le había alquilado la casa a Luis Orlando Pérez Sánchez, el mismo que, aseguró, había salido en la camioneta Datsun azul durante los segundos siguientes a la explosión.

Antes de poder recibir la casa en alquiler, Orlando Pérez le indicó a Pantoja que era sobrino carnal de un periodista llamado Gonzalo Pérez, trabajador de la emisora Radio Tarqui, de Quito, a quien podía solicitar referencias de su honorabilidad.

Pantoja contó que el día en que el contrato quedó firmado, Pérez iba acompañado de Martha Cecilia Baylon, a quien presentó como su novia, y de Luis Vilatuña Lala. Estos dos últimos nombres resultaron ser los de la mujer y el hombre que murieron despedazados por efecto de la explosión.

El fiador del contrato de arrendamiento de Pérez fue Ángel Oswaldo Adriano Campoverde, supuesto trabajador de la firma Textiles Equinoccial, de Quito.

Patonja declaró que días antes del doble asesinato el arrendatario frecuentaba la casa de Cochapamba “y en una de esas visitas observó que Orlando Pérez tenía una camioneta Datsun blanca que luego hizo pintar de azul”.

Orlando Pérez debió declarar en condición de sindicado ante el Ministerio Público y “reconoció como verdaderas las afirmaciones de Gonzalo Pantoja”, indica el informe, que nunca ha sido desmentido ni cuestionado.

Orlando Pérez juró en su declaración al Ministerio Público que Cecilia Baylon y Vilatuña le habían propuesto hacer parte de una organización criminal, “para lo que se reunieron con un colombiano a quien reconoció cuando fue detenido y la prensa publicó su verdadero nombre y supo que se trataba de Darío Villamizar, un terrorista internacional que en Quito tenía una imprenta donde se imprimía la revista Berraquera que difundía informaciones sobre el M-19 y AVC (Alfaro Vive Carajo, grupo terrorista ecuatoriano)”. Con estas afirmaciones no logró desviar la atención de la justica hacia Villamizar como posible responsable de la barbarie que devastó la casa de Cochapamba y eliminó a la pareja de amantes.

Orlando Pérez también arguyó que, a pesar de su presencia en el sitio a la hora del estallido y otros antecedentes que lo describían como habitante principal de la casa, se la había entregado a su novia y a Vilatuña debido a que perdió su empleo y, en consecuencia, capacidad para pagar el alquiler, versión que los dos únicos posibles testigos no podían confirmar porque habían muerto en la explosión dinamitera. Para entonces, indica el informe policial, “Pérez ya estaba enterado [de] que entre Baylon y Vilatuña había surgido un romance, lo que incidió para que deje (sic) la casa en diciembre de 1984”, días antes de que los dos amantes fueran asesinados.

De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional de Ecuador, “en la investigación del secuestro del doctor Enrique Echeverría Gavilanes, se precisó que entre los ocho subversivos que mantenían en cautiverio al secuestrado y permanecían en la casa estaban Ángel Oswaldo Adriano Campoverde (el fiador relacionado con el caso del doble homicidio) y Orlando Pérez”.

“El secuestro que se produjo el 20 de mayo de 1986 y el 9 de enero de 1985 la explosión en Cochapamba, permitieron a los investigadores presumir que entre Pérez y Adriano existía una asociación delictiva”, añade el informe policial.

El mismo documento precisa: “Las investigaciones policiales advirtieron que para Orlando Pérez la traición de su enamorada Martha Baylon Silva, quien se convirtió en amante de Luis Vilatuña Lala, las dos víctimas de la explosión, fue un motivo gravitante que lo llevó a detonar la carga de dinamita y cobrar la afrenta sufrida”.

Agrega el documento: “este mismo criterio consta en el informe policial con el que Orlando Pérez Sánchez y Oswaldo Adriano Campoverde fueron puestos a órdenes de la autoridad respectiva”.

Pérez purgó tres años de cárcel y un mes por el secuestro de Echeverría Gavilanes y aunque fue acusado formalmente por los dos homicidios mencionados, ese caso de lesa humanidad todavía se encuentra a la espera de nuevas evidencias contra los incriminados, a la cabeza de los cuales, como se ve, figura el confeso Orlando Pérez.

Desde Quito, voceros de un colectivo de abogados penalistas indicaron que se preparan para llevar a la jurisdicción universal el caso del doble homicidio atribuido a Pérez en vista de que la justicia de su país no ha querido concluir el proceso de juzgamiento. Tal jurisdicción permite que en un centenar de determinados países, como Panamá o Colombia en Suramérica, entre otros, puedan ser juzgados crímenes de lesa humanidad ignorados por los sistemas judiciales nacionales donde han sido cometidos.

*Esta nota aparece en Un Pasquín debido a que la censura de prensa en Ecuador impide que sea publicada en ese país sin sufrir, sin fórmula de juicio, represalias gubernamentales inmediatas de tipo político, carcelario, impositivo y policial; al amparo de un estatuto draconiano de comunicaciones que incluirá desde junio próximo la presencia permanente de censores del gobierno en todos los medios, excepto los estatales.

Esta nota puede ser reproducida en cualquier medio citando la fuente y el crédito del autor.

 

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