La inmunidad parlamentaria vuelve al debate

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Sábado, 4 de Enero de 2014

POSTURA. Jiménez ha sido crítico con el Régimen desde su anterior periodo.

 

La inmunidad parlamentaria del asambleísta Cléver Jiménez (Pachatutik) y el consentimiento dado por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, para que allanen su oficina en el marco de una investigación por presunto espionaje y a cuentas oficiales está en el centro de la polémica entre el oficialismo y la oposición.
Aunque el presidente de la República, Rafael Correa, en una rueda de prensa aseguró que se trataba de un delito común cometido por el asambleísta por lo que no le amparaba la inmunidad, para el legislador Luis Fernando Torres (CREO-PSC), experto en Derecho Constitucional, la medida es inconstitucional. “Es la primera vez en la historia democrática del país en los últimos 33 años que ha ocurrido un hecho tan insólito como ése y no tiene precedente jurídico”, dijo Torres.
Según su criterio, ni el juez ni el fiscal podían allanar la oficina del legislador así existiera una autorización por parte de la titular de la Legislatura, ya que Jiménez está amparado por la inmunidad que le otorga su calidad de asambleísta. Coincide con este criterio la legisladora por Pachakutik Lourdes Tibán, para quien Rivadeneira no debía dar su autorización para que se ejecute el acto urgente.
Por su parte, Jiménez manifestó que Rivadeneira desconoce el procedimiento parlamentario ya que le correspondería al pleno dar la autorización. “Si bien es cierto, la Presidenta representa a la Asamblea Nacional, ella está ahí para cumplir y hacer cumplir lo que resuelva el pleno”, aseguró.

 
El oficialismo

Para la legisladora Ximena Ponce (PAIS), la autorización es un tema administrativo que se está tratando de confundir con la inmunidad parlamentaria, que se aplica cuando se está en ejercicio de las funciones. “Cuando se está hablando de otros tipos de delitos, no se lo aplica”, argumentó Ponce.
Su coideario Miguel Carvajal señala que lo que se está investigando es un presunto ‘hackeo’ a las cuentas personales de funcionarios del Gobierno, lo que le convierte en un delito común, y que el allanamiento constituye un acto pre judicial legal, pero que al momento en que se inicie el juicio penal contra el legislador, procederá el análisis de si corresponde o no levantarle la inmunidad.

 
Criterios
Torres considera que el legislador afectado por el allanamiento puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo una medida cautelar, o a la Unión Interparlamentaria Mundial y, además, presentar una demanda, ya que el Primer Mandatario reveló el contenido de lo que fue materia del allanamiento.
“Aquello que es objeto de un acto urgente o de una indagación, no puede ser revelado públicamente. Eso sólo debía ser conocido por el Fiscal y por el asambleísta Jiménez”, dijo Torres. (HCR)

 

Presentan escrito

Fernando Villavicencio, cuya vivienda fue allanada de manera paralela a la oficina de Cléver Jiménez, presentó ayer, junto a su abogado, Ramiro García, un escrito en la Fiscalía General en el que solicita que se le informe cuál es el tipo penal que se investiga, dentro de qué indagación previa se ordenó la acción urgente, que se incorpore al expediente el listado de objetos y documentos encontrados y que se les dé a conocer cuál fue la denuncia en base a la que se dictó la indagación previa, entre otros aspectos.
“El acto urgente debe ser parte de un debido procedimiento y no se puede hacer fuera de una indagación previa. Si es que se realizó la diligencia sin que exista una indagación previa, se habrá roto todo concepto mínimo del debido proceso”, manifestó García.
En cambio, Villavicencio informó que ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares y que en los próximos días presentará otra ante el Consejo de la Niñez y la Adolescencia por los daños psicológicos que, según él, el operativo dejó en sus hijos de cinco y un año y medio de edad.

100
asambleístas tiene PAIS.

19
días han pasado desde que Rivadeneira firmó la autorización para el allanamiento.

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