La difícil hora de los Jiménez

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Familia del asambleísta Cléver Jiménez vive tiempos amargos, porque puede ir a la cárcel. Él, lo que más deplora, es la no independencia de la justicia.

Zamora.- Con una cobija y una chompa bajo el brazo se dispone a ingresar al domicilio ubicado en el barrio Santa Elena, vía a Jamboe, en Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. Dos perros salen a encontrarlo. Su rostro, con cierta serenidad, no deja de irradiar muestras de preocupación. Se trata del asambleísta por esa provincia oriental, Cléver Jiménez Cabrera, de los registros del Movimiento Pachakutic, opositor del gobierno del presidente Rafael Correa, aunque fue su aliado a comienzos del ejercicio del poder. Le esperaba un fin de semana intenso. A las 10:30 del sábado llegó procedente de Quito, tras conocer verbalmente el fallo de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que ratificó la sentencia en su contra: 18 meses de prisión, el pago de una sanción económica de 145 mil dólares al Presidente Correa, además de pedirle disculpas públicas a través de los medios de comunicación. Su empleada, una mujer de unos 45 años, lo mira y se mantiene atenta a cada expresión, mientras prepara un tinto con galletas y queso zamorano para los recién llegados; pues lo acompañaron vía terrestre desde Quito, su esposa Rocío Alba y su hija Cristina. Ellas fueron a la capital a presenciar la audiencia. La pequeña Cristel, de 23 meses, quien se quedó en casa, no cabe de contenta: va y viene, simula ayudar a su papá contestando los teléfonos, cuyos “rin rines” suenan imparables. Ese día, Zamora amaneció silenciosa y sombría; y aunque en general trataban de mantener su identidad en reserva, en cada rincón de la ciudad las personas hablaban del caso Jiménez. “Yo le digo una cosa. El problema es que nadie se atreve a pronunciarse por temor. Pero hay indignación. Aquí hay rebeldía y el respaldo al legislador se va a dar en masa”, expresó un taxista que omitió su identidad.

Decisión

En su casa, Cléver Jiménez mantiene sus expresiones firmes, pese a las circunstancias. Dice estar decidido ir a la cárcel, si es el caso; pero no a pedir disculpas públicas. Reitera que desconoce la sentencia por considerarla ilegal, y aspira tener reacciones favorables en los tribunales internacionales, sobre todo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que pidió dictar medidas cautelares. “Ni disculpas públicas ni pago de 145.000 dólares. Posiblemente lo que logren por el sometimiento de la justicia ecuatoriana, es llevarme a la cárcel”, expresa. ¨Perdón, solo a Dios. No no le he faltado ni le he injuriado al Presidente. Es él quien debe disculparse con el país porque ha usado los poderes del Estado en contra del pueblo. No lo he ofendido. Solo he cumplido mi trabajo. He investigado actos de corrupción del Gobierno Nacional en las diferentes áreas económicas, como petrolera, minera, de justicia, en la construcción de edificios para las cortes. Entonces el lío viene por ahí, … quieren evitar que salga a la luz pública muchas cosas, tengo la información”, dice. La familia del asambleísta se reunió el fin de semana. Resolvió dejarlo que siga defendiéndose sin huir, mientras esto no implique exponer su integridad. El asambleísta pide las garantías del caso si tuviera que ir a prisión. “Hasta este momento mi decisión es pagar la condena, si es el caso; pero temo por mi vida. Ni esposa, mis hijos, me piden que no lo haga. Dos legisladores allegados al gobierno me advirtieron del peligro ,y voy a dejar notarizado un documento con los nombres, para que en caso de que me pase algo, ellos sean investigados y se conozca la verdad”, afirma.

Antecedentes

El problema con el Presidente Correa tiene su origen en los hechos del 30 de septiembre de 2010, día de la revuelta policial. Considera responsable a la Asamblea Nacional ya que, según asegura, se aprobaban proyectos de ley; pero venían los vetos y los asambleístas de Alianza País, y otros allegados al Régimen, terminaban allanándose en lugar de defender los criterios con los que votaron. “La Asamblea Nacional es el primer responsable por someterse al criterio y capricho del Presidente de la República. Vino el lamentable 30 de septiembre, y el Presidente fue al Regimiento Quito y no actuó como tal. Dijo: mátenme. ¿Qué hubiese pasado si alguien cumplía la orden?. Él puso, por su irresponsabilidad, en peligro su vida. Hubo muertos”, recuerda. Aseveraciones sobre este tema, resumidas en una denuncia presentada en la Fiscalía General, devino en el juicio cuya condena está a punto de ejecutarse. En efecto, Jiménez, junto a su asesor Fernando Villavicencio, al igual que Carlos Figueroa, fueron denunciados por Rafael Correa por acusaciones que le hicieron en relación con los sucesos del 30 de septiembre, cuando el Presidente estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno luego consideró un intento de golpe de Estado. Los condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado. Presentaron una denuncia con esta versión en la Fiscalía, que la calificó de temeraria y maliciosa al no haber demostrado las acusaciones y no la acogió, por lo que el mandatario inició un juicio por injurias, cuya condena fue confirmada.

“La justicia está sometida”

Cléver Jiménez califica al proceso en su contra como una barbaridad jurídica y afirma que la justicia está “sometida”. Y por ello insinúa que presentada la denuncia el fiscal general tenía dos años para investigar, y solamente después de este laso pedir el archivo definitivo o plantear que pase a la etapa de juicio. Sin embargo, “a los nueve meses ordena el archivo e ilegalmente el fiscal pide que se la califique de maliciosa y temeraria, eso está prohibido. Es el juez el que puede determinar esto. El fiscal Galo Chiriboga cumplió la orden del Presidente Correa dada en una de las sabatinas. Le dijo: Galo, esa denuncia hay que calificarla de maliciosa y temeraria…”. Jiménez dice es clave señalar que la denuncia nunca se calificó de maliciosa y temeraria dentro de un juicio como lo determina la ley, porque nunca lo hubo. Fue solamente la decisión del fiscal. Me están sentenciando por un delito que no cometí, puntualiza. Y agrega: “Siento una impotencia e indignación de saber y de conocer que la justicia, que es uno de los pilares más importantes de cualquier Estado constitucional, se encuentre sometida al capricho y voluntad de una sola persona, en este caso del señor Presidente de la República. Hay cartas del mismo Alexis Mera que determinan que juez que se vaya en contra del Estado será sancionado y votado. Eso está en las computadoras que se llevaron en los últimos allanamientos”. Cree que el trasfondo es adueñarse de la información y evitar que saque a la luz pública mucha información de supuestos actos de corrupción.

Otra ilegalidad

En la casación dice el asambleísta, también hubo ilegalidad. Argumenta que la ley da 30 días para que los jueces se pronuncien sobre el caso, pero los magistrados Mariana Yumbay, Vicente Robalino y Gladys Terán debían llamar a audiencia hace más de dos meses, pero lo hicieron el 14 de enero. Ante esto la defensa los recusó y aún están recusados, llevaron a cabo la diligencia. Esto, según la Ley Orgánica de la Función Judicial, es causal de destitución. Da cuenta que sobre este último tema trabaja ahora su defensa, mientras que su asesor, Fernando Villavicencio, también sentenciado, viajó a Washington para presentar una denuncia por violación de derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Contradicción

El asambleísta apela al caso CHEVRON para hacer notar las contradicciones de la justicia.Anota que la Corte Provincial de Sucumbíos ordenó a la petrolera que pague 8 mil millones más intereses y que pida disculpas públicas. En la misma sentencia dice que si no cumple con lo último la sanción económica se duplica, por lo que la cifra sube a 19 mil millones de dólares aproximadamente. Se casó la sentencia y la Corte Nacional de Justicia la ratificó; pero no se puede imputar la pena de pedir disculpas públicas porque no existe en la normativa ecuatoriana. Este antecedente explicaría una contrariedad en la que habría incurrido la Corte Nacional de Justicia; pues, pese a reconocer que no existe esa pena en la normativa ecuatoriana, en el juicio objeto de análisis, “se nos ordena a pedir disculpas públicas al Presidente Correa, y se inventaron los 145.000 dólares, porque la ley dice que se debe pagar de 6 a 31 dólares.

Las voces de la familia

“La familia siente una gran indignación por lo que está pasando mi papi, a quien queremos mucho. Yo le pido al Presidente Rafael que juegue limpio, con justicia. Tengo miedo que mi papá vaya a la cárcel y corra peligro su vida. Le estamos pidiendo que si esta es la situación, abandone el país”, expresó Cristina, de 16 años, hija de Cléver Jiménez.

Su esposa afirma: “Estamos muy tristes. Mi esposo lo único que ha hecho es velar por los bienes de los ecuatorianos y legislar, porque para eso el pueblo lo eligió. No queremos que vaya a la cárcel. Prefiero saberlo fuera del país y pensar que en un tiempo nos podemos reencontrar, que tener que ir a dejarlo en el cementerio. Al Presidente le pido que tome conciencia; él es padre, tiene hijos. En el caso de los jueces, yo pensé que ellos iban a ser un poquito más conscientes. Con esta resolución están dejando solos a mis hijos; dependemos de Cléver”.

Buscan alternativas

Entre sus coidearios y más allegados políticos está el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe. “Estuve acompañando a Cléver en la audiencia en Quito. Fue muy fácil entender que se había violentado la ley en varias ocasiones durante el proceso”, dice Considera que el objetivo no es encarcelarlo, sino quitarle su calidad de asambleísta y teme por la vida del asambleísta. “Aquí en la provincia hay indignación e impotencia en una enorme mayoría. Hay mucho que hacer. La sentencia está dictada; él se caracteriza por su valentía, pero creo que las circunstancias que vive el Ecuador no garantizan que pueda simplemente cumplir la condena. Parece que hay otros planes detrás del encarcelamiento. Por ello le estamos diciendo que no permitiremos que vaya a un lugar donde no hay garantías para su integridad. Tenemos que evitar este desenlace. Hay alternativas que todavía no puedo revelar”, expresó Salvador Quizhpe.

EL DATO

Cléver Jiménez cuenta con un único bien inmueble: su modesta casa ubicada en el barrio Santa Elena, ciudad de Zamora. Ir a la cárcel implicará perderla, porque está hipotecada. La adquirió hace un año a través del BIESS a 25 años plazo.

Texto y fotos: Aída Zhingre Duque Redacción El Mercurio-Cuenca

http://www.elmercurio.com.ec/414458-la-dificil-hora-de-los-jimenez/#.Ut5e6LSCHct

 

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