Indígenas piden explicaciones tras tiroteo en Gualaquiza

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El Gobierno de las Naciones Originarias de la Amazonía del Ecuador (Gonoae) exigió ayer al Régimen que exhiba la supuesta arma que, según la versión oficial, habría sido hallada junto al cadáver del joven shuar Freddy Ramiro T., tras el ataque ocurrido durante un operativo de control de la minería ilegal en Gualaquiza, parroquia Bomboiza (Morona Santiago), el jueves último.
“El Gobierno no puede hacer declaraciones sin verificar. Esto no está confirmado, si la Policía o el Ejército tienen el fusil, como prueba sería verdad, pero mientras no exista esa arma, no se puede decir nada. En las investigaciones tienen que comprobar que Freddy estaba armado”, afirmó el vocero de la Gonoae, Franco Viteri, y cuestionó la participación extranjera en las actividades mineras que ha sobrepasado, aseguró, los controles fronterizos por parte del Estado.
“¿Quiénes son los que permiten que los extranjeros vengan a Ecuador?, ¿Quiénes son los que cuidan la frontera?, ¿No son la Policía y el Ejército? Esto no es culpa de la ciudadanía shuar y el pueblo shuar tampoco está relacionado con ellos”, aseguró Viteri, quien está al frente de la entidad, que agrupa a 11 nacionalidades amazónicas y 21 organizaciones.


Contexto

Tras el incidente del jueves, el ministro del Interior, José Serrano, declaró que, según las informaciones preliminares, la operación de control estaba dirigida a una presunta actividad minera ilegal, en la que, afirmó, estarían involucrados extranjeros, aunque no dio más detalles.
La Gonoae también pidió al Gobierno que deje de “utilizar” a las FF.AA. y a la Policía para el control de esta actividad y que se cree un organismo especializado en mediación de conflictos para que trabaje en coordinación con las nacionalidades, con la federación shuar, con la Gobernación y con la Comandancia de Policía local.
“La intervención de los uniformados violenta los tratados y la Constitución. Estas acciones deben ser ejecutadas en conjunto con las organizaciones”, dijo.

 

Más criterios

Afirmó que, de esta forma, incluso los “compañeros” shuaras podrían entregar información a las autoridades para emprender en un operativo conjunto sobre quienes están a cargo de la minería ilegal en la zona.
Mientras, el coordinador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Luis Saavedra, prefirió no adelantar información hasta no tener un informe completo sobre el tema, que podría estar listo hasta este viernes.
Hasta el cierre de esta edición no hubo una versión oficial sobre los incidentes en Morona y el avance en las investigaciones, pero fuentes del Gobierno informaron que el Ministro del Interior habría mantenido un encuentro reservado con un grupo de indígenas, al que también habría asistido el exasambleísta Pedro de la Cruz. El resultado de este encuentro tampoco trascendió. (SC)
En el nuevo Código Penal

En el artículo 254 del nuevo Código Penal, que se analiza en la Asamblea, la extracción ilícita de recursos mineros, así como su comercialización o almacenamiento, se sanciona con prisión de 5 a 7 años. La norma expresa que, si además se ocasiona daños al medio ambiente, la pena sube de 7 a 10 años de prisión.
El artículo siguiente sanciona con prisión de 3 a 5 años para la persona que, “en beneficio propio o de tercero, financie o suministre maquinaria, equipos, herramientas y en general cualquier instrumento” que se utilice para realizar esas actividades ilícitas.

9
militares resultaron heridos tras el enfrentamiento.

1
indígena falleció.

 

Fuente

 

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