Ecuador revisa consumo de drogas entre sus policías

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Quito. 

La Policía de Ecuador, salpicada durante años por casos de violaciones de derechos humanos y corrupción, está siendo sometida a una purga que incluye pruebas para detectar el consumo de drogas y licor, de las que no escapar la cúpula.

El proceso de depuración que arrancó en 2010 involucra a los 44.000 miembros de la institución. Hasta la fecha 1.300 policías, entre ellos varios coroneles, han sido separados por causas como mala conducta profesional y por fallos judiciales, mientras que otros 500 están siendo investigados.

 

De este último grupo se estima que unos 250 efectivos también quedarán fuera, dijo el inspector de la Policía, general Fabián Solano.
Dentro de esta inédita campaña de limpieza se incluirán pruebas para detectar adicciones a drogas y licor. “Tenemos problemas de consumo de alcohol”, admitió el ministro del Interior, José Serrano, a cuyo cargo está el organismo.

A raíz de ello, “comenzaremos a aplicar exámenes toxicológicos a todos los policías” a partir de 2014, sostuvo. Las pruebas –agregó– seguirán un estricto protocolo para que un “consumidor habitual o que haya caído en la adicción pueda tener la ayuda del Estado, pero no podrá seguir siendo policía”.

El ministro anotó que los exámenes toxicológicos se enmarcarán en las denominadas pruebas de confianza integrales, entre las que figuran, además de revisiones médicas, análisis sicológicos, físicos y hasta con polígrafo.

“Es una purga no solo alrededor de la Policía sino también del resto de instancias del sistema de justicia penal en el que se había generado un círculo vicioso”, manifestó.

El presidente Rafael Correa denunció en su momento infiltraciones de Estados Unidos en la Policía ecuatoriana, diciendo que algunos de sus miembros respondían a Washington antes que a Quito.

En 2009, el gobernante socialista expulsó a un agregado estadounidense que suspendió una ayuda económica a la institución, porque, según una carta del diplomático, no se había coordinado la designación de jefes policiales.

Entonces Correa denunció el sometimiento de algunas unidades policiales a las políticas de la Casa Blanca, aunque pese a las críticas mantiene las relaciones diplomáticas con Washington.

El máximo punto de tensión entre el gobernante y la Policía estalló en 2010, cuando decenas de uniformados se sublevaron contra una reforma salarial. La rebelión –que el mandatario denunció como un intento de golpe de Estado y magnicidio– dejó diez muertos.Después de conjurado el malestar fueron separados 70 efectivos.

Tras iniciado el proceso de depuración, la credibilidad en la Policía ha mejorado entre 2010 y 2013, pasando de 27,6% a 43,7%, según la consultora Perfiles de Opinión.

 

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