Correa, principio y fin de todos los poderes

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Por: José Hernández

Esos cuatro tuits, escritos por el Presidente a propósito de los allanamientos contra Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, son reveladores: muestran que no hay diferencia entre la Presidencia y otras instituciones. ¿Por qué sabe el Presidente los “descubrimientos” que hizo la Fiscalía en esos allanamientos? ¿Cómo los puede calificar de “sorprendentes” si la indagación previa es reservada y, por ley, solo la Fiscalía está habilitada a conocerla? ¿Por qué dice “tenemos todo filmado”, cuando se supone que solo los investigadores pueden estar en el lugar allanado y lo que hayan encontrado (y filmado) no puede ser usado por ninguna otra persona u institución? ¿Filmó la Presidencia? Si lo hizo, ¿por qué ingresó mientras se le negó ese derecho al abogado del imputado? Si filmó la Fiscalía, ¿cómo puede la Presidencia incluirse en esa acción, pues escribe que “tenemos todo filmado”?

¿Cómo puede el Presidente saber, horas después del allanamiento, que las cosas que ha encontrado la Fiscalía “son realmente graves”? ¿Cómo puede hablar de “debido proceso” si, por lo que dice que sabe de lo que allí ocurrió, se colige que no se respetaron las formalidades que impone la ley para que haya “debido proceso”?

Se entiende que el Presidente quiera saber quiénes hackearon su cuenta y las de otros altos funcionarios. Ojalá que su molestia por haber sido sujeto de una ilegalidad refleje la voluntad política de su Gobierno de respetar y hacer respetar, en forma escrupulosa, la privacidad de todos los ciudadanos. Sin embargo, una cosa es el deseo lícito que abriga el Presidente de saber lo que ocurrió con esas cuentas (la opinión pública ignora de qué se trata), y otra, muy diferente, son los mecanismos que el Estado está moviendo contra dos de sus mayores opositores.

Todo empieza con la actitud política del Presidente. Él ha anclado la impresión de que no hay independencia alguna entre su función, la Fiscalía y la Justicia. Él exigió una investigación, la Fiscalía pidió los allanamientos y un juez los autorizó. Los allanamientos se hicieron y, cuando se supone que la Fiscalía apenas se dispone a examinar indicios y evidencias, el Presidente anuncia el descubrimiento de “cosas realmente graves”. Es decir, el poder Ejecutivo no solo invade espacios sino que confiesa que esos otros poderes le rinden cuentas de sus acciones.

El Ejecutivo, en esa confusión de roles y tareas, pone la política por delante del derecho. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? ¿En qué queda la separación de funciones y la tan cacareada independencia de la justicia? ¿Cómo, en esas circunstancias, se puede hablar de debido proceso que implica, como se sabe, el derecho a la defensa? ¿Y por qué el Presidente tiende a cerrar políticamente un caso que jurídicamente apenas inicia la Fiscalía?

Que no se diga que se está negando el derecho que tiene el Presidente de saber lo que sucedió con sus cuentas. O que se está defendiendo a dos de sus más duros opositores, por el simple hecho de serlo. Lo que ocurre es que esos cuatro tuits son reveladores de la forma cómo el Presidente entiende la arquitectura institucional y la administración de Justicia: con él como principio y fin de todos los poderes.

 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/correa-principio-y-fin-de-todos-los-poderes-597882.html

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