10 de Luluncoto: una aberración jurídica

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Lo dice el observatorio de derechos y justicia de Ecuador

Enrique Herrería firma la relatoría en la que se muestran los errores procesales en contra de los jóvenes. Según el informe, la acusación de la Fiscalía queda sin piso.

El Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador presenta una relatoría al proceso penal del caso conocido como 10 de Luluncoto. Firmado por Enrique Herrería Bonnet, director ejecutivo del Observatorio, el documento hace un recuento del caso, desde su inicio, el 3 de marzo de 2012, cuando la Fiscalía de Pichincha solicitó al juez Juan Pablo Hernández Cárdenas el allanamiento, mediante acto urgente, de un departamento del sector Luluncoto, y se detuvo a 10 presuntos líderes del Grupo de Combatientes Populares (GCP). Ellos habrían tenido “previsto planificar actos que podían poner en riesgo la seguridad del Estado”.

A criterio de la Fiscal, los elementos recogidos en el inmueble allanado son evidencias de un delito contra el Estado. El juez acogió estas razones e inició instrucción fiscal contra los detenidos. La resolución del juez establece que “existen indicios y presunciones graves sobre la existencia de un delito” y sobre la participación de cada uno de los procesados, “ya que se encontraba en un lugar determinado, reunidos dentro de un inmueble, provenían de diferentes partes del país, como son Cuenca, Guayaquil, Esmeraldas y Quito, entre ellas, ciudades donde explotaron bombas panfletarias en contra del Gobierno”.

Las evidencias encontradas -dice la resolución judicial- indican que “la reunión de estas personas tenía como objetivo presuntamente realizar actividades ilícitas durante los días 8, 10 y 12 de marzo del 2012”. En consecuencia, se ordenó la prisión preventiva de los acusados.

La relatoría encuentra que el allanamiento efectuado no cumplió con lo establecido en el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal, “al no existir orden de prisión preventiva o sentencia condenatoria, menos aún se estaba produciendo un delito flagrante”. Según la relatoría, el catálogo de delitos que les fueron imputados “pone en ridículo la acusación formulada” y evidencia que el Estado “no sabía de qué acusar a los integrantes del grupo”. Se terminó acusándolos y sancionándolos por “terrorismo organizado”.

“Todos los testigos de la Fiscalía -se lee en el documento- fueron miembros de la Institución Policial, que de forma alguna pudieron precisar que los acusados habían adecuado su conducta al tipo penal establecido en el Art. 160 del Código Penal (…). Además, es un principio universalmente reconocido que en materia penal la interpretación a la ley es de carácter restrictiva; por lo tanto, intentar una interpretación extensiva para adecuar al tipo penal del terrorismo a una común e intranscendente reunión de amigos constituye una aberración jurídica”.

La relatoría establece otros vicios del proceso: “… ni los testimonios ni los supuestos elementos de convicción incautados (…) constituyen prueba alguna de que ellos hubieren perpetrado (…) la infracción acusada. En cuanto a los testimonios, todas las versiones del supuesto delito son ofrecidas por miembros de la Institución Policial, órgano subordinado al Ministerio del Interior, y éste a su vez, dependencia de la Presidencia de la República, cuyo titular en su condición de jefe de gobierno dispuso amplia información mediática respecto de la responsabilidad penal de los procesados, lo que obviamente afecta la objetividad e imparcialidad de los miembros de la Institución Policial”.

La audiencia tuvo lugar ante el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. En ella, dice la relatoría, se “ratificó la inexistencia de pruebas que determinen responsabilidad de los procesados en el delito que se acusa; tanto es así, que ante la pregunta de los abogados defensores la casi totalidad de los testigos de cargo expresan que no conocen que los acusados hubieren participado en actos de terrorismo”.

El 13 de mayo de 2013, los acusados fueron condenados a un año de prisión correccional “en calidad de autores del delito de tentativa de actos de terrorismo”.

“Los fundamentos y la decisión de los jueces de forma alguna pone de manifiesto que exista una sola prueba, material o testimonial que revele que los acusados adecuaron su conducta al tipo penal por el que injustamente son acusados y sancionados. (…) los testigos de la Fiscalía nunca afirmaron que los acusados hubieren puesto en algún momento bombas panfletarias o de otro tipo; en el momento del allanamiento al departamento de Luluncoto, no se encontraron elementos explosivos, químicos, pólvora, pentolita, armas o cualquier otro elemento u objeto que haga presumir que tenían el propósito de causar daño a la propiedad pública, privada o a personas”.

La relatoría concluye que se han inobservado principios supranacionales y normas constitucionales y que los procesados son “víctimas de un proceso evidentemente injusto”.

El Estado, de acuerdo con la relatoría, no sabía de qué acusar a los jóvenes…

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/10-de-luluncoto-una-aberracion-juridica-602583.html

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