Mauricio Rodas también critica el proyecto territorial

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La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo aún es un borrador, pero ya genera polémica. La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial de la Asamblea Nacional, presidida por Richard Calderón (Alianza País) no lo va a presentar todavía, pese a que estaba previsto que lo hiciera hoy 22 de abril.
Lo hará el mes entrante, cuando el proyecto de ley sea remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para que lo conozca y se lo someta a trámite.
El anteproyecto ahora existente fue realizado con una consultoría de la Unión Europea, que se elaboró de enero a marzo con la Comisión y con representantes del Ejecutivo.
Sin embargo, varios de sus puntos centrales ya ha encendido las alarmas en algunos gobiernos municipales. El Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, fue el primero, al decir que “no la vamos a obedecer: punto”. Hoy, el alcalde electo de Quito, Mauricio Rodas, ofrece una rueda de prensa en la que expresará su inquietud ante las posibles trabas que esa ley cree para la gestión municipal.
No obstante, Calderón defiende esta ley. Su argumento es que no quitará ninguna de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Sería más bien una unificación de criterios porque, sostiene, “cada municipio tiene su lógica para determinar qué es suelo urbano y qué es suelo rural, por ejemplo”.
Para ello, es necesario que exista una definición provincial, regional (cuando se creen las regiones) y nacional.
Algunos de los aspectos que contiene esta ley de territorio es la adaptación de normas internacionales que, dada la topografía ecuatoriana, es necesaria aplicar, según sus autorires. Una de ellas es el impedimento de que se construyan casas a menos de 50 metros de quebradas, riberas de los ríos y del mar. También, está la definición de lo que es suelo urbano de lo que es rural.
El exalcalde de Quito, Paco Moncayo, esboza una sonrisa cuando escucha estas iniciativas del borrador de ley y otros aspectos que ya están contemplados en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Moncayo coincide con Calderón en que son necesarias las regulaciones en cuanto al ordenamiento territorial, porque “no hay ninguna cosa más susceptible de corrupción que el manejo del territorio. No es posible que cada municipio tenga su regulación porque el territorio es uno solo y debe haber una estrategia nacional”.
Pero, considera que es “una barbaridad” lo que se pretende con la creación de dos organismos que serían centralizadores en lugar de permitir una mayor autonomía. El anteproyecto de ley incluye la creación de una Junta de Territorio y Suelo y una Superintendencia.
Según Calderón, formarían parte de la Junta un representante de los gobiernos descentralizados (juntas parroquiales, municipios y provinciales), así como uno del Ejecutivo.
Sus competencias serían asistir técnicamente a los municipios, para que fortalezcan su capacidad institucional y el reglamento el uso del suelo. Otra función sería la capacitación de los funcionarios en los sistemas de información.
La Superintendencia es la figura más polémica. Calderón afirma que estaría basada en principios constitucionales para el control del cumplimiento de la normativa de los mismos municipios. Las denuncias las podrían plantear los ciudadanos; la ‘Súper’ podría emitir sanciones luego de cuatro meses de la denuncia en caso de no rectificar. Sin embargo, los controles, sostiene Moncayo, están ya establecidos por los concejos municipales. Por ello cree que la idea de base sería el control del Gobierno. Y se apoya en lo que dijo el 10 de abril Pabel Muñoz, titular de Senplades, a la agencia EFE en el Foro Urbano Mundial ONU-Hábitat en Medellín: “habrá un riesgo de que Quito aglutine al sector conservador de la sociedad”.
En contexto
Según el artículo 5 de la Cootad, los gobiernos seccionales tienen el derecho y la capacidad definitiva de regirse mediante normas y órganos propios de Gobierno, sin intervención de otro nivel de gobierno pero no debe poner en riesgo la unidad nacional.
Datos:
  • El proceso de aprobación de la normativa vigente 25 de enero del 2008 La Municipalidad de Guayaquil lideró una marcha masiva en contra de la Constituyente, bajo la consigna de defender la autonomía de la ciudad portuaria.
  • 20 de marzo del 2010 La Asociación de Municipalidades del presentó ante la Comisión de Gobiernos Autónomos ocho observaciones al Cootad. Moncayo participó en el proceso.
  • 12 de agosto del 2010 Con 80 votos a favor, dos en blanco y 10 en contra, la Asamblea dirigida por Fernando Cordero aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía.

Fuente: ElComercio.com

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