Juicio a dos médicos por muerte en emergencia

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Quito
 

La primera audiencia de juzgamiento en el país por el presunto delito de falta de atención médica, que habría desencadenado en la muerte de la vulcanóloga francesa Charlotte Mazoyer, en el 2009, se inició ayer en Quito.

Tras los primeros alegatos tanto de la Fiscalía como de los abogados defensores del médico cirujano y del exrepresentante legal de la clínica Pichincha, quienes son los procesados, subió al estrado el padre de la víctima, Bernard Mazoyer.

Visiblemente afectado contó la forma cómo se enteró en Francia de la muerte de su hija y de las versiones de los amigos de Charlotte que le dijeron que la joven entró viva a la casa de salud pero que –supuestamente– por la falta de una tarjeta de crédito como garantía, no recibió atención inmediata.

Con este antecedente la familia Mazoyer inició una investigación en Quito en la que determinó que la joven entró a la clínica a las 20:10 y recién fue intervenida quirúrgicamente cerca de las 22:00.

El 12 de septiembre del 2009, Charlotte se había resistido a ser asaltada en el sector de Guápulo, en el oriente de la capital, y su atacante le disparó en el pecho y la dejó gravemente herida, incluso habría perdido cerca de ocho litros de sangre antes de ser atendida.

Esto es negado por el abogado Juan Ospina, que defiende al exrepresentante legal de la clínica. “La señorita Mazoyer recibió la atención médica oportuna y técnica. Lastimosamente aquí hay presiones de parte de las autoridades francesas en el Ecuador”, aseguró.

Al jurista también le preocupa que, de haber una pena en contra de los dos médicos, las tres personas que ya fueron sentenciadas a 21 años de cárcel por disparar contra la francesa recurran al recurso de revisión y recuperen su libertad, “porque la causa de la muerte no sería el asesinato, sino la presunta falta de atención”.

Se prevé que la audiencia dure varios días por los cerca de 100 testigos que han sido convocados, entre los que figuran el expresidente de la República Rodrigo Borja y el exministro y exdiputado Andrés Vallejo.

Detalles
Lo que dice la ley

La pena
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Derechos y Amparo al Paciente vigente cuando sucedió el hecho “los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a pacientes en estado de emergencia, serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y, en caso de fallecimiento del paciente desatendido (sic), con prisión de 4 a 6 años”.

Fuente: ElUniverso.com

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