Exceso de prisión preventiva, según la CIDH

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El uso “no excepcional” (es decir, recurrente) de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), en cuanto al respeto y la garantía de los reos, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 30 de diciembre de 2013, en el que se incluye a Ecuador.
En este informe, de 132 páginas, la CIDH concluye, entre otras cosas, que el uso excesivo o abusivo de esta medida es uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia y es una situación inadmisible en una sociedad democrática.
Sobre Ecuador, dice que en 1994 tenía una población penal de alrededor de 9.280 internos, de los cuales el 70% estaba en espera de juicio o sentencia; y, a principios de 2006, con una población penitenciaria de 12.693 personas, más del 64% estaba a la espera de un juicio. También se informó sobre el país, que de un total de 19.177 presos a agosto de 2012, 9.409 (49,1%) estaban en calidad de procesados y 9.768 (50,1%) habían recibido sentencia. De estos últimos, unos 4,732 (48,4%) contaban con sentencia firme ejecutoriada, lo que representa el 24,7% de la población penal total.

Mayores detalles
Del total de 17.615 varones presos, el 25% está por delitos contra la propiedad, el 21% por delitos de drogas y el 20% por delitos contra las personas. De las 1.562 mujeres, el 61,3% está por delitos de drogas, el 16% por delitos contra la propiedad y el 10% por delitos contra las personas.
La CIHD revela también haber recibido información sobre Ecuador, según la cual se ha observado que altos funcionarios del Poder Ejecutivo compelen a los jueces a aplicar la prisión preventiva en determinados casos “so pena de sanciones disciplinarias o el sometimiento al escarnio y la denuncia pública”.
A este respecto, se cita, como ejemplo, la sabatina del 12 de mayo de 2012, cuando el presidente, Rafael Correa, presentó una lista de ocho jueces (tres de ellos de flagrancia) y los denunció por haber otorgado medidas alternativas en lugar de aplicar la prisión preventiva.
La CIDH dice que este tipo de declaraciones públicas serían emitidas incluso por autoridades locales. Se indica que el alcalde de Guayaquil (Jaime Nebot) ha solicitado la destitución de varios jueces por no haber aplicado la prisión preventiva.
También dice haber recibido información de que el Consejo de la Judicatura “ha mantenido una gran injerencia sobre las decisiones de los jueces, gracias a la cantidad de sumarios administrativos que se han abierto en los últimos tiempos”. (LC)
 
Propuesta de solución

° De acuerdo con el defensor público, Ernesto Pazmiño, para disminuir los niveles de uso de la prisión preventiva son necesarias varias cosas, entre ellas, priorizar el uso de salidas alternativas y medidas sustitutivas.
También propone hacer un uso adecuado de las medidas cautelares, ejercer una persecución penal estratégica sobre delitos complejos, garantizar la autonomía y el fortalecimiento institucional de la Defensa Pública, implementar la oralidad y tipificar el delito de persecución de inocentes.

25%
de los varones presos en el país está por delitos contra la propiedad.

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101627879/-1/Exceso_de_prisi%C3%B3n__preventiva%2C_seg%C3%BAn_la_CIDH.html#.Uu0nIrSPjlw

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