Leyes exigen a ONG adecuar sus normas para seguir en Bolivia

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El MAS asegura que un 80% de las ONG tiene vencido su permiso de funcionamiento. La oposición afirma que es un pretexto para acallar las críticas.

Beatriz Layme / La Paz
Dos leyes obligan a las Organizaciones No Gubernametales (ONG), fundaciones y organizaciones sin fines de lucro adecuar sus estatutos conforme al Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución Política del Estado para garantizar su permanencia en Bolivia. A la que incumple le serán “anuladas” de forma automática su personería jurídica y matrícula.

La primera norma es la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas -promulgada el 19 de marzo de 2013-, que en su decreto reglamentario señala que las organizaciones que obtuvieron su personería jurídica con anterioridad a la publicación de esta ley deben adecuar sus estatutos y reglamentos internos de acuerdo a la planificación nacional y las políticas nacionales.

Una vez adecuado el documento, éste deberá ser presentado al Ministerio de Autonomías, que se encargará de evaluar y si hay observaciones, será devuelto  para que la ONG corrija en un plazo de 10 días, caso contrario el trámite será archivado.
Una vez subsanadas las observaciones y previa evaluación, el ministerio emitirá un informe final dando curso a la solicitud.

Las ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que no sigan este trámite perderán su personería jurídica de forma automática, cumplidos los plazos establecidos por ley.

De acuerdo a la unidad jurídica del Ministerio de Autonomías, el primer plazo venció el 5 de noviembre. Hasta ese tiempo sólo 50 de las 2.000 ONG que operan en Bolivia presentaron sus estatutos y reglamentos internos,  que aún son evaluados.

Sin embargo, la unidad jurídica del ministerio aclaró que las ONG tienen un plazo más -hasta el 15 de marzo de 2014- para regularizar su documentación.

La disposición tercera de la ley 351 establece que “para fines de registro, las personas colectivas que desarrollan actividades en más de un departamento y que obtuvieron su personería jurídica con anterioridad a la vigencia de la presente ley deberán presentar ante el Ministerio de Autonomías una copia legalizada de su personería jurídica en el plazo de un año a partir de la publicación de la presente ley”.

Entre las entidades que tramitan la adecuación de sus estatutos y reglamentos están la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Fundación Noel Kemp Mercado, UNIR, Fundación Tierra, la Federación Nacional de Jubilados y Rentintas del Sistema Universitario de Bolivia, entre otras entidades.

El director de la ONG Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Hernán Ávila, informó que iniciaron el trámite para la renovación de sus estatutos pero el ministerio “hasta la fecha no ha pasado ninguna nota oficial sobre alguna observación a la documentación que hemos presentado”.

La segunda norma que deben cumplir las ONG para garantizar su permanencia en Bolivia es el Decreto Supremo  22409, del 11 de enero de 1990, promulgado por el expresidente Jaime Paz Zamora, que crea el Registro Único Nacional de organizaciones no gubernamentales para la matriculación obligatoria de todas las ONG y la sistematización de la información de éstas.

Según el decreto, las ONG inscritas en el registro deberán presentar cada tres años la información sobre las actividades que realizaron y  en caso de comprobarse irregularidades en el cumplimiento de los objetivos declarados por cualquier ONG, el Ministerio de Planificación tendrá la facultad de solicitar la revocatoria de la personería jurídica.
El senador del MAS Eugenio Rojas aseguró que la norma fue aprobada con el objetivo de que las ONG regularicen su “estadía” en Bolivia, ya que un 80% tenía vencido el permiso de funcionamiento.
A consideración de Rojas, varias de las ONG no presentaron su documentación actualizada porque algunas dejaron de trabajar en Bolivia.
Mientras el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM)  Fabián Yaksic  calificó de positiva la existencia de  leyes, pero dijo que el Gobierno se “agarra” de algunas  para “amedrentar” a  instituciones o personas que critiquen el proceso de cambio.
En la misma línea, la diputada de oposición  Norma Piérola (CN) manifestó que las normas “son un pretexto para destruir a todo aquel que no esté con Evo Morales.  Tal como sucedió con la ONG IBIS, que  bajo el título de injerencia fue expulsada”.

 

http://www.paginasiete.bo/nacional/2013/12/29/leyes-exigen-adecuar-normas-para-seguir-bolivia-9867.html

 

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